Esta se refiere a la prestación de servicios públicos a ciudadanos y empresas a través de medios telemáticos. La Ley 11/2007 de 22 de junio en España establece el acceso electrónico de los ciudadanos a estos servicios.

La responsabilidad de implementar y mantener la Administración Electrónica recae sobre las Administraciones Públicas. La finalidad es simplificar procedimientos, garantizar la seguridad jurídica y mejorar la calidad de los servicios.

Sus principales objetivos son promover el uso de nuevas tecnologías, buscar la transparencia y la confianza de ciudadanos y empresas, simplificar trámites administrativos y fomentar el desarrollo de la Sociedad de la Información.