Se refiere a aquellos activos esenciales y fundamentales que, debido a su importancia, no pueden ser reemplazados por alternativas viables.

Cualquier interrupción o degradación de estas infraestructuras puede tener un impacto severo en los servicios esenciales de la sociedad, incluyendo el transporte, la comunicación, el agua, la energía, entre otros.

Por su relevancia, estas infraestructuras están protegidas bajo estrictas medidas de seguridad, tal como se establece en la Ley 8/2011, del 28 de abril, en algunos países.